Institucionalidad de la paz exige priorizar reformas para el posacuerdo

Definir los criterios de éxito, hacer priorizaciones y cambiar los métodos de evaluación y monitoreo de los acuerdos hacen parte de los componentes que se deben seguir en desarrollo de una institucionalidad para la paz.

Elementos como la protección de los combatientes que se inserten a la vida civil, priorizar las reformas que en conjunto sean motores estructurales y creen infraestructuras institucionales de paz hacen parte de los mínimos que suponen los criterios de este proceso.

A ello se suma un análisis sobre los reales alcances de la institucionalidad de la Justicia Transicional, en particular con la reparación de las víctimas, para evaluar si esta resulta razonable.

En ello convergieron expertos asistentes al sexto foro de la Alianza de Universidades para la Paz, que se cumplió este miércoles en la Universidad del Rosario, y cuyo tema central fue el análisis de los desafíos de la institucionalidad en el posacuerdo.

En concepto del profesor Francisco Gutiérrez, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, el país debe apostarle a escenarios de paz según unos mínimos que hagan viable las acciones y perfeccionamientos en el corto, mediano y largo plazo.

Según el académico, las experiencias del pasado hacen obligatorio que dentro de esos criterios el mayor imperativo de éxito es garantizar la vida de los miembros de las organizaciones sociales y los desmovilizados.

Al respecto, para el docente, la implementación de los acuerdos es una dinámica que, por experiencias en otros procesos en el mundo, tienen consistencia entre los cuatro y cinco primeros años. Después de este tiempo, la probabilidad de que se implementen es decreciente. Otros casos han demostrado que la proporción de lo que se implementa ha alcanzado hasta el 40 %, esto llama la atención en que no haya una paz reversible.

Más allá de aplicar hasta el último versículo del último parágrafo, se trata de que las reformas estén en concordancia con las capacidades reales de coordinación de las políticas públicas, por lo cual la priorización es un componente de los criterios de éxito del proceso.

En esencia, no todas las acciones buenas podrán venir juntas y ser simultáneas. Para Francisco Gutiérrez, la priorización pondrá a prueba la institucionalidad en la medida que se tenga que identificar “en qué áreas críticas toca relajar los supuestos liberales para poder desarrollar formas de inclusión social”.

El docente advierte que aunque es previsible cierto grado de impunidad, se debe fortalecer el tejido social y generar el tipo de castigos, ya sean sociales, jurídicos o políticos, que el país esté en capacidad de gestionar.

Partiendo de la base de acciones en el tiempo, las evaluaciones deben aparecer dentro de las políticas, como un mecanismo que facilite cuándo se quiere saber lo que se pueda derivar de unos indicadores de resultados.

Así lo estima el politólogo de la Javeriana Manuel Salamanca, quien afirma que se debe monitorear si los proyectos contribuyen a la paz y a los conflictos, pero también que puedan dar cuenta sobre las conflictividades relacionadas con violencias distintas a la confrontación armada.

Según Manuel Salamanca, las mediciones ayudan a identificar las conflictividades que aún no son violentas. Y explica que en el ámbito de la reconciliación aparecen nuevas modalidades, por ello las instituciones deben crear mecanismos de evaluación que informen no solo sobre el fin del conflicto, también sobre los escenarios que están ofreciendo las conflictividades.

En tal sentido, un componente adicional de criterio de éxito es eliminar el imaginario de roce como sinónimo de conflicto, en el país.

La institucionalidad de la Justicia en Transición debe contemplar la pertinencia de eliminar el componente del deber de pagar, sostiene por su parte la politóloga de la Universidad Externado, Magdalena Correa. Asimismo, estima, hay que crear una institucionalidad con capacidad de detectar la riqueza de las Farc, para financiar los costos de transición y la reparación de las víctimas, incluidos los propios desmovilizados. Para ello, se deben crear “reformas que permitan que esas promesas de mercado incluyan oportunidades de desarrollo para todas ellas y no tengan los incentivos de volver a la guerra”.

Tomado de: Agencia de Noticias UN.