Construir Estado en las regiones fortalece la paz

La tradición centralista para la toma de decisiones que prima en Colombia se puede convertir en un problema a largo plazo en la implementación de los acuerdos de paz, por lo que el reto está en construir Estado en los territorios.

Así lo plantea el profesor Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), y agrega que “para tener un escenario de no violencia en pro de la construcción de la paz, el Estado debe tomar decisiones desde las zonas veredales, siendo consecuente con que Colombia es un país de regiones”.

Parte de la explicación de la violencia se relaciona con el centralismo, pues la falta de presencia estatal en los territorios de periferia o la existencia de un Estado de ocupación, con una fuerza pública transitoria, dejó el espacio para que grupos armados ilegales entraran a suplir las obligaciones del Estado, regulando de manera autoritaria los conflictos.

“Es necesario que el Estado sea eficaz y cumpla, para que los ciudadanos le tengan confianza y credibilidad, viendo en él una entidad que ayuda a resolver conflictos, generar orden y que apoya los programas de desarrollo acoplados con la realidad”, expone el académico.

El profesor Vargas resalta que es importante que en el país se dejen de producir muertes violentas, no porque con esto se terminen los conflictos, sino porque esto daría lugar a que surjan otros y se generen espacios para resolverlos, como por ejemplo conflictos ambientales y uso del territorio.

Apuesta de la esperanza

El primer punto del Acuerdo de La Habana, que tiene como objetivo transformar de manera estructural el campo para impulsar el desarrollo del país, tiene relación con el cumplimiento de la reforma rural integral, y contempla la Agencia para la Renovación del Territorio, entidad rectora para construir los Planes de Desarrollo Territorial (PDT).

Son 16 PDT que abarcan cerca de 160 municipios y buscan desarrollar el campo colombiano en los espacios donde se sintió con mayor rigor el conflicto interno colombiano.

Óscar Gamboa, asesor en relaciones internacionales y posconflicto de la Gobernación del Valle, manifiesta que “esta construcción es la que el Estado debió hacer hace más de 50 años; por su ausencia aparecieron la inconformidad y la guerra, que se estableció en la ruralidad. Por eso los PDT obedecen específicamente al campo, y esa debe ser su esencia”.

Por su parte, Alfredo Molina Triana, representante a la Cámara por Cundinamarca, afirma que “frente a la reforma integral que plantea el Acuerdo no serán suficientes las políticas de restitución de tierras, si en el territorio no se hace un ordenamiento ambiental en la dinámica de la conservación de ecosistemas y determinando las vocaciones del uso del suelo para generar una producción efectiva en las actividades agrícolas y pecuarias”.

Actualmente la actividad agrícola ocupa 6 millones de hectáreas y en ganadería las cifras apuntan a que de 20 millones de hectáreas con vocación ganadera, se ha llegado a 35 millones utilizadas, en muchos casos por ganadería sin técnica y sin la aplicación de elementos productivos enmarcados en la zootecnia.

“Por eso es fundamental que la conservación de los ecosistemas, y de recursos como el agua, el aire y los alimentos se armonicen con el uso del suelo y los proyectos productivos”, manifiesta el político.

Esa postura del representante se refiere a que actualmente existe un conflicto porque esos elementos de conservación están siendo alterados por la dinámica social con poblaciones que habitan páramos, zonas de montaña y cuencas de los ríos.

“Eso hace más compleja la situación de la destrucción de los ecosistemas y genera incertidumbre en cuanto a la localización de las poblaciones”, agrega. La localización inadecuada produce problemas de estabilidad del terreno, y agrava la situación de las quebradas, siendo un riesgo latente para esas poblaciones.

El asesor Gamboa explica que los PDT deben contemplar vías terciarias, desarrollo económico, salud y oferta social, entre otras, y que para la población rural estos son la oportunidad de plasmar los sueños que la guerra les quitó y encontrar en su ejecución el florecimiento del campo.

“Los PDT son un compromiso con la paz; no implementarlos sería un acto de irresponsabilidad y dejaría abierta la posibilidad de que Colombia vuelva a encenderse en conflicto”, finaliza el asesor.

Este panel de expertos se realizó en el marco del III Congreso Colombiano de Zootecnia, organizado por Asociación de Zootecnistas del Valle del Cauca - AZOOVALLE conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira y su Facultad de Ciencias Agropecuarias, y la Asociación Nacional de Zootecnistas – ANZOO y sus capítulos regionales.  

Tomado de Agencia de Noticias UN.